- El paquete legislativo incluye alrededor de 15 medidas tributarias, siendo la reducción del IR la más destacada. Este beneficio fiscal ha generado un debate sobre su equidad y el impacto que podría tener en las finanzas públicas
La Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) ha manifestado su preocupación por la nueva ley agraria, Ley que promueve la transformación productiva competitiva y sostenible del sector Agrario con protección social hacia la agricultura moderna, propuesta por la Comisión Agraria del Congreso, que busca reducir los impuestos para las empresas agroexportadoras.
Según Conveagro, esta normativa podría comprometer la sostenibilidad de los pequeños productores agrícolas, quienes son responsables de abastecer el 80% de los alimentos en el mercado nacional y representan el 97.6% de las unidades agropecuarias del país.
Anaximandro Rojas, presidente de Conveagro, ha expresado su rechazo a la ley, argumentando que permite a pequeñas exportadoras competir en igualdad de condiciones con las organizaciones de agricultura familiar en el mercado de Compras Estatales de Alimentos. Esto, según Rojas, distorsiona una política pública diseñada para fortalecer la economía de los productores familiares.
De otro lado, Conveagro también critica que el dictamen extiende beneficios de programas estatales, como AGROIDEAS y AGRORURAL, a pequeños exportadores.
Ello, debido a que la medida podría desplazar a las micro y pequeñas empresas (MYPE) y formas asociativas de la agricultura familiar, lo que contradice los objetivos de la Política Nacional Agraria al 2030 y profundiza las desigualdades en el sector.
La legislación, conocida como Ley Chlimper 2.0, propone una reducción del impuesto a la renta al 15% para las empresas agroexportadoras, una medida que se aplicará durante una década, de 2025 a 2035. Créditos: difusión
Agroexportadoras podrían dominar el mercado, según Conveagro
Otro aspecto preocupante es que las empresas agroexportadoras podrían acceder a regímenes tributarios más beneficiosos, diseñados para sectores de baja capacidad contributiva. Esto vulnera el principio de igualdad tributaria y afecta la competitividad de los pequeños productores, debilitando la seguridad alimentaria del país.
El dictamen propone un modelo de asociatividad contractual que, según Conveagro, favorece a las agroexportadoras al permitirles consolidar su dominio territorial mientras los costos y riesgos recaen en los productores. Este esquema perpetúa la inequidad y podría desencadenar conflictos sociales de alta intensidad.
Finalmente, Conveagro señala que los incentivos propuestos carecen de sustento técnico y evaluación previa, lo que podría comprometer la eficiencia del gasto público y perpetuar inequidades sin asegurar resultados concretos como nuevas inversiones o aumento de la productividad.
Por ello, exige al Pleno rechazar el dictamen y establecer una mesa técnica que incluya a representantes del MEF, SUNAT, MIDAGRI, la academia y expertos en políticas públicas, para garantizar un dictamen inclusivo y técnicamente viable.
¿Cuál es el impacto fiscal de la nueva ley agraria del Congreso?
Eduardo Zegarra, asesor de Conveagro, ha señalado que las agroexportadoras han experimentado un aumento del 74% en sus ganancias en 2023, lo que genera dudas sobre la necesidad de otorgarles beneficios fiscales adicionales. Esta inquietud surge en el contexto de la aprobación de una nueva ley agraria por parte de la Comisión Agraria del Congreso, que podría tener un impacto fiscal significativo para el Estado peruano.
La legislación, conocida como Ley Chlimper 2.0, propone una reducción del impuesto a la renta al 15% para las empresas agroexportadoras, un beneficio que se aplicará durante un periodo de diez años, de 2025 a 2035.
Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), esta medida podría costar al Estado aproximadamente S/1.850 millones anuales, acumulando un total de cerca de S/20.000 millones en una década.
Zegarra ha enfatizado que la discusión sobre la nueva ley se centra en la distribución de los recursos fiscales y su efecto en el desarrollo del sector agrícola en su conjunto. La preocupación radica en cómo estas medidas podrían afectar la equidad fiscal y el apoyo a otros sectores agrícolas que no se benefician de la misma manera.
El paquete legislativo incluye alrededor de 15 medidas tributarias, siendo la reducción del impuesto a la renta para las agroexportadoras la más destacada. Este aspecto ha generado un debate sobre la equidad de la medida y su impacto en las finanzas públicas, considerando el crecimiento significativo que ya ha experimentado el sector.
El debate sobre la Ley Chlimper 2.0 continúa, con voces a favor y en contra de la medida, mientras se evalúa su impacto potencial en la economía del país y en el sector agrícola. En ese sentido, Conveagro manifestó que el dictamen, lejos de beneficiar al agro peruano, pone en grave riesgo la sostenibilidad de los productores de la agricultura familiar; por ello solicitó rechazar el dictamen en el pleno del Congreso por estar contra la sostenibilidad y el futuro de la agricultura familiar.
Asimismo, encomendó aprobar la instalación de una mesa técnica liderada por el presidente del Congreso de la República, que involucre a representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), la academia, expertos en políticas públicas y representantes de organizaciones de la agricultura familiar. Dijo que esta Mesa deberá garantizar un dictamen inclusivo técnicamente viable y orientado a priorizar a los productores familiares.