- La organización advierte que disposiciones recientes limitan el acceso a beneficios, incrementan la carga burocrática y debilitan el modelo cooperativo agrario.
La Junta Nacional del Café (JNC) solicitó al Poder Ejecutivo la instalación de una mesa técnica de trabajo para evaluar y corregir disposiciones normativas que vienen afectando a más de 110 mil productores de la agricultura familiar, organizados en 1,360 cooperativas agrarias a nivel nacional.
Mediante una comunicación dirigida a la Presidencia del Consejo de Ministros, la JNC expresó su preocupación por los efectos del Decreto Supremo 015-2026-EF y la Ley 32434, al considerar que estas normas limitan el acceso a beneficios tributarios, incrementan la carga administrativa y debilitan el modelo de asociatividad cooperativa.
El gremio advirtió que estas medidas se implementan en un contexto adverso para el sector agrario, marcado por la inestabilidad económica y social, así como por factores estructurales como el cambio climático, la presencia de economías ilícitas y las brechas en servicios productivos.
Uno de los principales puntos de preocupación es la falta de reglamentación del beneficio del Impuesto General a las Ventas (IGV), contemplado en la Ley 31335 y vigente desde enero de 2022. Según la organización, esta omisión ha generado rechazos sistemáticos en los procesos ante la administración tributaria, paralizando miles de solicitudes de devolución por parte de cooperativas agrarias.
Asimismo, la JNC señaló que existe una situación de desigualdad en el tratamiento tributario dentro del sector, ya que mientras el segmento agroexportador cuenta con mecanismos ágiles como el reintegro tributario, las cooperativas agrarias enfrentan restricciones que afectan su operatividad.
Ante este escenario, la organización solicitó que la mesa técnica sea liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros y cuente con la participación de los ministerios de Economía y Finanzas y de Desarrollo Agrario y Riego, así como de representantes del sector cooperativo, a fin de evaluar y proponer ajustes a las disposiciones vigentes.
Finalmente, la JNC sostuvo que la solución a esta problemática no requiere nuevas reformas legislativas, sino la adecuada implementación de normas ya existentes y la adopción de medidas que garanticen condiciones equitativas para el desarrollo del cooperativismo agrario en el país.