Fuente: Revista Agroperú
Con el propósito que el nuevo gobierno del Prof. Pedro Castillo Terrones tenga elementos para priorizar la reactivación del agro, destacados dirigentes agrarios exponen sus sugerencias y opiniones, porque saben realmente dónde aprieta el calzado. Así, por ejemplo, exigen que se busquen fórmulas para abaratar los precios de los fertilizantes, a partir de examinar el convenio de explotación de los fosfatos de Bayóvar; y, en todo caso, proponen que el Estado, en alianza con los productores, instale plantas para producir urea, sobre la base del gas natural. Proponen fomentar el ahorro previsional mediante la plantación de árboles maderables; que las canastas y menús de asistencia social sean de productos de cada región; que el Estado compre fibras de alpacas y lana de ovinos para la fabricación de frazadas para hospitales y centros de asistencia; que el Congreso fiscalice la compra estatal de alimentos agrarios; que de una vez por todas se fomente la innovación y la extensión agraria; que se eliminen los monopolios, monopsonios y oligopolios que distorsionan el mercado. Asimismo, plantean que una superintendencia fiscalice, conozca y difunda los resultados de la entrega de dinero y maquinaria gratuitas por parte del Programa Agroideas del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; que no se importen insumos agroquímicos prohibidos en otros países; que se cree un fondo específico para apoyar crianzas y huertos familiares; que se fortalezca Agrobanco y que los intereses de sus créditos sean promocionales; que se ponga en marcha programas de industrialización de productos primarios. Y, además, le recuerdan al presidente Castillo, que es un error nombrar ministro a un bachiller en derecho e inexperto en gestión pública.
Aquí, la encuesta:
¿Qué medidas en favor del agro debe priorizar el gobierno de Pedro Castillo Terrones como parte de su prometida segunda reforma agraria?
Sr. Tomás Córdova Marchena, presidente de la Junta Nacional del Café
Hablar de “segunda reforma agraria”, es hablar de un cambio radical en la política agraria del país. En la primera reforma agraria aplicada por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado (1969-1976), fue un cambio radical en relación a la tenencia de la tierra que significó el paso del latifundismo a un sistema de propiedad de la tierra en manos de los campesinos. La segunda reforma agraria planteada por el gobierno de Perú Libre debería promover la industrialización de los productos para darle valor agregado a la producción primaria y la vez, acceder con estos productos transformados al mercado interno y externo. También la reforma agraria debe estar concebida para lograr la competitividad y el desarrollo sostenible de la pequeña y mediana agricultura de nuestro país. Para ello se requiere, un nuevo enfoque en la política agraria, en un horizonte de mediano y largo plazo, centrado en algunos ejes básicos, tales como: a) Gestión empresarial sustentada en la asociatividad cooperativa, con el fin de brindar servicios con enfoque de economía de escala para incrementar productividad, acceso a mercados, valor agregado e infraestructura social. b) Acceso a recursos financieros de fomento, tanto para campañas agrícolas anuales, como inversión en activos para transformación, infraestructura comercial, infraestructura de riego, etc. c) Extensión agraria de calidad para garantizar buenas prácticas agrícolas que aseguren incremento de la producción y estándares de calidad (ver experiencias exitosas de las cooperativas cafetaleras, cacaoteras, bananeras). d) Fomentar estrategias para adaptarse al cambio climático y promover la cultura del ahorro previsional entre los pequeños productores para una jubilación digna, mediante, por ejemplo, la plantación de especies maderables. e) Adjudicación de nuevas tierras de uso agrícola a pequeños agricultores asociados en cooperativas agrarias, para evitar el incremento del minifundio rural. f) Implementación de programas de alta gerencia cooperativa y formación de mandos técnicos intermedios para la gestión empresarial competitiva y transparente. g) Fortalecer a las organizaciones de productores agrarios y establecer un autogravamen para financiar los servicios de innovación agraria para lograr la competitividad. h) Eficiencia y transparencia en la administración de la infraestructura de riego y gestión hídrica por cuencas y microcuencas. i) Relanzar el Consejo Nacional de Concertación Agraria (Conaca), cuyos acuerdos sean de carácter vinculante en la definición de objetivos y estrategias para el desarrollo rural. j) Fomento de la innovación y extensión agraria, adecuadas para rentabilizar la agroindustria rural y agroalimentación sana.
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